Una verdad a medias

Por: Joaquin Robes*

Si vamos a poner los puntos sobre las íes, es recomendable ponérselos a todas. El debate está abierto. Y la expulsión en las dos últimas semanas de cientos de colombianos pobres del territorio venezolano le ha pintado otra raya en el cuerpo de ese tigre histórico de las diferencias políticas entre los dos países.

Dudo mucho que el problema haya empezado con la llegada al poder de Hugo Chávez, pero sí creo que este profundizó, hasta donde pudo, estas diferencias. No hay que olvidar que el teniente coronel tenía tanto de demócrata como Álvaro Uribe tiene de liberal. Antes de Chávez, estuvo en la Presidencia del vecino país Rafael Caldera en dos oportunidades, y antes de Caldera, Carlos Andrés Pérez gobernó también dos veces la patria de Bolívar. Estos dos señores, no nos engañemos, no fueron menos corruptos que los funcionarios chavistas. Lo que pasa es que mientras el Alí Babá de Pérez y los 40 ladrones que dirigió Caldera robaban de costadito, los chavistas lo han hecho de frente y han convertido el vecino país, como lo dejó ver un informe de Transparencia Internacional de 2013, en la segunda nación del hemisferio más corrupta, después de Haití.

Negar esto es como afirmar que en las fronteras entre las dos naciones no hacen presencia las fuerzas irregulares de las FARC y el ELN, así como las llamadas bacrimes, los ejércitos incontrolables de narcotraficantes y otro ejército menos mediático pero igualmente peligroso como es la delincuencia común. No vamos a negar que de este lado de la frontera, la corrupción de funcionarios es el plato de todos los días. Que los niveles de criminalidad en Cúcuta sean altísimos (una muerte violenta cada 17 horas, para un promedio de 25 mensuales) dice mucho de lo que está pasando en esa línea fronteriza.

El contrabando de gasolina, una de las recriminaciones que ha hecho el presidente Maduro, así como el de productos de primera necesidad, no se daría si no hubiera, por parte de los encargados de vigilar los 2.219 kilómetros, una negligencia perenne o un acuerdo tácito entre estos y la delincuencia. No olvidemos que en los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas hacen presencia en conjunto las FARC, el ELN y los hermanos Úsuga, un trípode delincuencial que le ha costado al Estado colombiano varios miles de millones de dólares y un número incontable de vidas.

Que no nos vengan a decir ahora que los señores que sacan por las trochas sus bombonas de gasolina lo hacen sólo engañando a la Guardia Nacional de Venezuela. Que las guerrillas que hacen presencia en esos territorios no se benefician económicamente con ese tráfico ilegal de productos de todo tipo que, en efecto, terminan en los estantes de las tiendas, almacenes y estaciones de gasolinas de este lado de la frontera.

Decir que la culpa es sólo de los grupos paramilitares, como lo han hecho en repetidas ocasiones el presidente Maduro y algunos defensores a ultranza del chavismo en Colombia, es una verdad a medias. Es, de alguna manera, la misma conclusión del uribismo con respecto a que todos los males que sufre el país tienen que ver con las guerrillas.

No olvidemos que allí se mueve también el negocio de la cocaína. El 50 % de la droga que sale de Colombia pasa necesariamente por Venezuela. No es un lugar común recordar entonces que la delincuencia organizada tiene una razón poderosa para defender, sin importar las vidas que tenga que sacrificar, el rentable negocio de los alucinógenos. Y en ese juego perverso entran, sin temor a equivocación, las autoridades de un lado como del otro. Siempre se ha dicho que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla hasta el infinito. Y en las décadas de los 70 y 80, recordemos, la lucha de los clanes mafiosos, que direccionaron la famosa bonanza marimbera, dejaron también una larga lista de cadáveres y de gente que se internó a trabajar en las fincas y nunca regresó.

Los detalles de estos hechos que hoy se han convertido sólo en anécdotas pasaron en muchos casos inadvertidos porque el bolívar era por entonces una moneda fuerte en relación con el dólar, el petróleo mantenía boyante la economía del país bolivariano y los colombianos pobres que se estaban muriendo de hambre porque el Estado nunca les tendía una mano, pasaban al otro lado a trabajar de lo que fuera. Muchos militares y policías de la época terminaron siendo hombres ricos y poderosos, con propiedades avaluadas en cientos de miles de dólares. Algunos se retiraron muy jóvenes de las instituciones armadas y montaron prósperos negocios que hoy se han integrado legalmente a la economía del país. Esto quizás explique por qué algunos miembros retirados de las Fuerzas Armadas sean propietarios de grandes hoteles en Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Esto quizás explique también por qué el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, un coronel “revolucionario”, es hoy, según varias notas publicadas por los prestigiosos diarios estadounidenses The Washington Post, The New York Times, El Nuevo Herald y El País de España, uno de los hombres más ricos de Venezuela.

De manera que para definir o intentar darle claridad a la problemática que sacude esa región tan dinámica y conflictiva como es la frontera colombo-venezolana, hay que recurrir, necesariamente, a la larga historia social de las dos naciones. Quienes aseguran sin vacilar que el gobierno del vecino país ha levantado simplemente “una cortina de humo” para distraer la atención de sus ciudadanos de la crisis económica que atraviesa, dicen también una verdad a medias, o, si se quiere, una mentira con medias verdades. Es cierto que la crisis puede llevar al gobierno chavista a la debacle, pero eso no borra el hecho de que la pobreza en la frontera es extrema y la gente tiene que hacer algo para alimentarse, así sea contrabandear gasolina y pagarles impuestos a los delincuentes que imponen su autoridad con las armas.

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*Docente universitario

Tomado de Semana